Promovido por la OCDE desde 1972, el principio de quien contamina paga le cobra a quien contamina los costos de prevenir, reducir y combatir la contaminación que genera. Se encuentra en muchas formas -mercados de carbono, impuestos ambientales, compensación ecológica- y se le atribuyen muchas virtudes, en particular la de volver a poner a las empresas en el camino correcto gracias a sus efectos de incentivo. Pero en realidad, el principio de quien contamina paga sobre todo autoriza a los industriales a contaminar con total impunidad, ¡a cambio de una tarifa! Las sucesivas legislaciones van, pues, en la misma dirección: en lugar de obligar a las empresas a reducir su uso de plástico o sus emisiones de CO2, aplican medidas correctoras en caso de "externalidades negativas". Flore Berlingen denuncia la debilidad de medidas que evacúan cualquier debate público sobre las fuentes de contaminación y que retrasan la adopción de medidas acordes con la emergencia ecológica. Frente al empobrecimiento democrático al que nos condena el principio de quien contamina paga, nos invita a optar por la deliberación e inspirarnos en cambio en el principio hipocrático primum non nocere ("primero no hacer daño") para cuidar nuestros bienes ambientales comunes. "¿Hemos entrado así en un régimen de 'polutocracia'? »